Actualmente, la violencia contra mujeres y niñas es considerada una de las violaciones de los derechos humanos más persistentes en el mundo, sobre todo en los países latinoamericanos; esta violencia afecta en especial a las mujeres pobres. Ningún país puede llamarse democrático mientras persista la violencia, la discriminación y la desigualdad contra las mujeres.
Lamentablemente, la igualdad de género en México sigue siendo una asignatura pendiente para las mujeres que representan más del 50% de la población, sobre todo por la situación de inequidad en diversos ámbitos donde se han registrado retrocesos como la atención a la salud, la seguridad social, la educación, la vida política, la actividad productiva, el derecho a decidir sobre su cuerpo y las diferentes formas de violencia que se ejercen: física, psicológica, familiar, laboral, hasta llegar al feminicidio que ha cobrado la vida de 500 mujeres en este año, según la defensora de derechos humanos María Salguero.
El pasado mes de julio del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, un informe donde señala su preocupación sobre la situación de las mujeres en México del cual destacamos un punto que es fundamental: “el acceso a la justicia”. La CNDH señala que algunas organizaciones han solicitado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sobre todo en los territorios con alto grado de feminicidios, al considerar que el obstáculo principal para acceder a la justicia es la impunidad.
Las pasadas elecciones aseguraron una histórica representación política de las mujeres en el Congreso de la Unión, dándose con ello la paridad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hoy, las senadoras y diputadas de morena tienen una enorme tarea y un compromiso con todas las mujeres del país que votaron por un cambio y por construir la cuarta transformación republicana.
Las colaboraciones para este número de la revista en voz alta señalan desde diferentes perspectivas que las mujeres son las más afectadas por la violencia y la inseguridad y de ahí el reclamo de atender y sancionar, es decir de justicia y respeto a sus derechos humanos, para así erradicar la violencia contra ellas, sus familias y su comunidad a través de políticas públicas con perspectiva de género.