Editorial

Los pañuelos verdes se han convertido en un símbolo que hermana la lucha de las mujeres feministas por la despenalización del aborto. Este pañuelo es emblema de un colectivo de mujeres argentinas que lleva más de 15 años luchando para conseguir una ley integral y la cobertura del sistema de salud público que les permita la interrupción legal del embarazo; está encabezado por diputadas del Congreso en ese país a través de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Seguro y Gratuito, con el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Actualmente, las mujeres en Argentina pueden interrumpir un embarazo de manera legal sólo si es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre. Estas acciones se han reproducido en muchas partes del mundo.

En México, el debate sobre la despenalización del aborto ha provocado la polarización de las posiciones a favor o en contra, sobre todo porque intervienen actores e intereses de tipo social, religioso, político y de género, así como de carácter jurídico y los relativos a derechos humanos que abordan la penalización o la despenalización de dicha actividad. El marco jurídico mexicano es complejo, porque cada Estado tiene la atribución de legislar sobre el aborto bajo sus propios códigos penales, además de presentarse dificultades para el acceso a los servicios de salud (restringido debido a la falta de recursos), la voluntad política o por la objeción de conciencia de los médicos.

Es importante recordar que en torno a la despenalización del aborto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) aprobó el 26 de abril de 2007 las reformas al Código Penal y la Ley de Salud locales, las cuales hoy incluyen el derecho de las mujeres para interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Esta reforma legal puso en marcha políticas integrales para promover la salud sexual, la maternidad y los derechos reproductivos, sin embargo, enfrentó demandas de inconstitucional que fueron desechadas el 28 de agosto de 2008 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno actual, a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha manifestado su intención de impulsar una Ley que permita a nivel nacional la despenalización del aborto, que es una deuda con las mujeres en México.

En voz alta retoma el debate y dedica este número a dar la voz a las mujeres de todos los Estados de la República y reafirmamos ¡Que sea Ley nuestro derecho a decidir!