Olivia Gómez Lezama*
En la Cuarta Transformación (4T) las mujeres han destacado. La mayoría de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado logró que se asignara a María del Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su nombramiento destaca por la cuestión de género, al ser la primera mujer en ocupar dicho cargo, así como, por su larga trayectoria de lucha contra los abusos del Estado. Ambos aspectos contrastan con los anteriores presidentes de la comisión, pues estos, además de haber sido siempre hombres, sirvieron de comparsa a los gobiernos en turno, como bien señala la nueva titular de la CNDH,1 institución que desde su fundación, realizada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, sirvió únicamente para “crear falsas expectativas a todas las doñas del Comité Eureka, […] pero no pasó nada, las cosas siguieron igual y tuvo un efecto de engaño hacia la comunidad internacional”.2
¿Cómo podía el mismo régimen autoritario, que se impuso en México gran parte del siglo XX, proteger los derechos humanos que él mismo quebrantaba? Las innumerables violaciones a las víctimas de desaparición forzada y a los presos y perseguidos políticos fueron denunciadas en innumerables ocasiones por Rosario Ibarra de Piedra, madre de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien desde 1975, al haber desaparecido su hijo Jesús Piedra Ibarra, a manos de agentes del gobierno por participar en las actividades de la “Liga Comunista 23 de septiembre”, la organización guerrillera más relevante de la época, comenzó su largo peregrinar por encontrarlo, como también lo hicieron otras mujeres con quienes fundó el “Comité de Familiares de Presos y ex Presos Políticos”, que antecedió al “Comité Eureka”.
Durante los años setenta del siglo pasado, el régimen autoritario llevó a cabo una “guerra sucia” para combatir a los disidentes políticos. Para ello, formó organizaciones que estaban fuera de la ley y que actuaban de manera oculta, como la “Brigada Blanca”, que estaba integrada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS). De acuerdo con los testimonios de las víctimas sobrevivientes, las atrocidades que llevaban a cabo en su contra iban desde golpizas, torturas como el “pocito”, los toques eléctricos, dejarlas colgadas durante días de los pulgares o de las manos y en el caso de las mujeres se daba el “manoseo sexual” y los toques eléctricos en vulva y senos.3
Por el contrario, la 4T ha demostrado estar lejos de ello. En lugar de reprimir a las mujeres por motivos políticos aprobó la Ley contra la violencia política por razones de género. Asimismo, el presidente Andrés López Obrador y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han actuado de manera democrática, tolerante y humana hasta el punto de ser criticados por permitir la libre expresión política de los anarquistas que se infiltran en las manifestaciones de las mujeres y realizan destrozos en comercios, la vía pública y monumentos históricos, al cuidar que se les respeten sus derechos humanos, como a todas las participantes.
En el mismo sentido, se han llevado a cabo otras medidas como la promulgación de la ley de amnistía que permitió la liberación de mujeres presas por haber abortado. En otros momentos, la izquierda ha impulsado estos instrumentos políticos en beneficio de los presos y perseguidos políticos, como lo hizo junto con las madres que encabezaba Rosario Ibarra de Piedra para conseguir que el presidente José López Portillo promulgara, el 28 de septiembre de 1978, la ley de amnistía en beneficio de quienes participaron en la guerrilla, dado que la emitida dos años antes por el gobierno del presidente Luis Echeverría no los había considerado, pues únicamente estaba dirigida a los estudiantes del movimiento estudiantil de 1968.4
Históricamente la izquierda ha estado comprometida con los derechos humanos, en particular con los de la disidencia política. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el
Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.5
Asimismo, liberó los documentos de las extintas organizaciones de espionaje: DFS y la DFIPS, que resguarda actualmente el Archivo General de la Nación, donde también se encuentra su propio expediente, formado por los informes de estas organizaciones.
Dado el carácter histórico y de interés público que se le otorgó a la documentación, desde el 20 de febrero del 2020 se puede consultar de manera irrestricta.6 En cumplimiento con esta tarea y el compromiso que la 4T tiene con la sociedad, se está llevando a cabo la ordenación y digitalización del material a cargo de especialistas en archivonomía e historia, tarea a la que se han sumado los becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, del que el 57.7 % son mujeres. De este modo, se hace efectivo el derecho a la memoria histórica que tenemos todos los mexicanos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario.
* Doctora en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas de investigación en historia política y de las izquierdas.
1 Mlenio Digital (2019), “Presidentes de CNDH fueron comparsa de gobiernos en turno, dice Rosario Pineda”, en Milenio Digital, 8 de noviembre, recuperado el 20 de junio de 2020, de <https://www.milenio.com/politica/presidentes-cndh-comparsa-gobiernos-turno-rosario-piedra>.
2 Así Informa, recuperado el 24 de agosto de 2020, de <http://www.asiinforma.com.mx/vernoticias.php?artid=6099&cat=3#.X0RlRDWZI2w>.
3 Castellanos, L. (2007), México armado 1943-1981, Era, México, p. 267.
4 Echeverría, L. (1978), “Ley de Amnistía”, en A. Martínez Nateras, El tema de la amnistía, Ediciones de Cultura Popular, México, p. 165.
5 Diario Oficial de la Federeción (DOF) (2019), “Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, en DOF, 28 de febrero, recuperado el 23 de junio de 2020, de <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551415&fecha=28/02/2019>.
6 Archivo General de la Nación (2020), “Liberación total del fondo documental DFS-DGIPS”, en Archivo General de la Nación, 28 de enero, recuperado el 22 de junio de 2020, de <https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/fondo-documental-dfs-dgips-rumbo-a-su-consulta-integra>.
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