de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Dominio público
Olivia Gómez Lezama*
Pasado el Bicentenario de la Consumación de la Independencia y el 53 aniversario de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, recordamos que, a lo largo de la historia de México como nación independiente, las mujeres no han estado ausentes de la lucha por la igualdad jurídica, social y política. De ahí que hayan impulsado constantemente la participación política de todos y todas, pues saben la importancia que tiene el no ser excluidos de las decisiones de gobierno, en virtud de que por muchos años esta ha sido su lucha.
A pesar de que la primera Constitución Política de México (1824) había sido fruto de una revolución en la que participaron todas las clases sociales y géneros, las mujeres no fueron consideradas ciudadanas con derechos políticos que les permitieran participar legalmente en política, desde las criollas con educación y recursos económicos, como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, hasta las que participaron de los estratos sociales bajos. Es decir, que pudieran elegir a los representantes de gobierno ni ser candidatas, pues este derecho de voto estaba reservado a los varones, quienes además, debían saber leer, escribir y tener bienes o propiedades. Estos requisitos, si bien dejaban fuera a los hombres de clases sociales pobres, también nulificaban la participación política de las mujeres, al menos en el gobierno, ya que ni siquiera podían tener bienes, pues se consideraba que no eran aptas para administrarlos. De ahí que sus padres, maridos o hermanos manejaran sus propiedades.
Además, la elección para diputados, senadores y presidente de la república se realizaban de manera indirecta, por lo que los ciudadanos no elegían a plenitud a sus representantes. Aunado a ello, existía la autocalificación que impedía que un organismo externo, como es hoy el Tribunal Electoral, validara la elección, lo que promovía el fraude electoral. Este mecanismo prevaleció hasta muy avanzado el siglo XX.
Las constituciones que le sucedieron, la centralista de 1836 y la liberal de 1857, mantuvieron la misma forma de votar (excluyendo a las mujeres y la elección indirecta). Mas, aún en 1890, Porfirio Díaz reformó la Constitución para poder reelegirse continuamente hasta que abandonó el país, en 1911, a causa de la revolución que encabezó Francisco I. Madero. Éste último sobresalió por su carácter democrático que se reflejó en la promulgación de una nueva ley electoral que estableció la elección directa por primera vez. Poco después, la Constitución de 1917 que reunió los ideales revolucionarios, introdujo el derecho al sufragio universal, directo y secreto. Sin embargo, se siguió restringiendo la participación de las mujeres en la vida democrática del país, lo que no impidió que continuaran insistiendo en ser reconocidas con los mismos derechos políticos que los hombres. A pesar de ello, en 1951, cuando se reformó la Constitución para otorgarle a la mujer el derecho al sufragio, no se reconoció como fruto de la lucha que ellas habían dado, sino como una concesión que venía desde el gobierno. Asimismo, a pesar de que ya podían votar, pasaron varios años para que fueran postuladas como candidatas a cargos de elección popular y para que ganaran la contienda electoral.
A pesar de ser excluidas por décadas de la participación legal en política, han estado presentes luchando en los movimientos sociales desde donde también se hace política: como parte de organizaciones obreras, sindicales, profesionales y ciudadanas;1 en un contexto en el que el nuevo régimen posrevolucionario se volvía autoritario. De ahí la consigna de “lo personal es político”2 que se expresa en la reivindicación de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Así, en los años cincuenta, cuando se reformaron los artículos 34 y 115 de la Constitución para otorgarle a las mujeres los derechos políticos en plenitud, el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortínez llevó a cabo varias medidas que lo distinguieran de su antecesor Miguel Alemán. La gestión de éste último se acusaba de corrupta: como el control sobre el comercio, la austeridad presupuestal y el empeño en reducir el costo de la vida para mejorar su imagen.3 Sin embargo, ello no evitó la devaluación que hizo que los precios se elevaran y que la adquisición de los bienes de consumo básicos resultara de difícil acceso a las clases populares. En ese contexto, las mujeres trabajadoras del Sindicato de Telefonistas se movilizaron para exigir el aumento de sus salarios en virtud del aumento del costo de la vida.4 Décadas después, en los años setenta y ochenta, también formaron parte de los movimientos sociales que lucharon por un régimen democrático, equitativo e igualitario. Entre ellos el Movimiento Urbano Popular por el derecho a una vivienda digna, y en el Movimiento Sindical Democrático contra el sindicalismo “charro” encabezado por el líder corrupto Fidel Velázquez, en su alianza con los gobiernos priistas.
Fue casi a finales del siglo XX cuando las mujeres comenzaron a incursionar en la arena electoral. La campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república y su triunfo en la capital del país en 1994 fueron parteaguas para que ocuparan cargos de elección popular y recientemente fueran consideradas como un factor clave en los procesos electorales, llevando sus demandas de genero a las plataformas y políticas de gobierno. No obstante, aún subsisten los estereotipos contradictorios acerca de las cualidades o defectos que representan en el imaginario social de las mujeres en cuanto candidatas, funcionarias o quienes ocupan un cargo de representación popular, así como los criterios de valoración de su desempeño, frente al de los hombres en la misma condición.5
En ese sentido, las mujeres hemos jugado un papel importante en los procesos de democratización de la participación política social y electoral en nuestro país e impulso de la democracia participativa de los gobiernos federal, estatales y municipales. En parte, desde “la problemática de las relaciones de género, de los gobiernos locales y de sus políticas hacia las mujeres”.6 No obstante, quedan asuntos pendientes como las desigualdades de clase y las desigualdades socioeconómicas.
*Doctora en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas de investigación en Historia política y de las izquierdas.
1 Barrera Bassols, Dalia (2002), “Hacia la visibilidad: mujeres y política en México”, en Elena Urrutia (coord.), Estudio sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes desde diversas disciplinas, El Colegio de México, México, p. 313.
2 Tuñón, Julia (2002), “Las mujeres y su Historia. Balance, problemas y perspectivas”, en Elena Urrutia (coord.), Estudio sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes desde diversas disciplinas, El Colegio de México, México, p. 380.
3 Pellicer de Brody, Olga, y José Luis Reyna (1978), Historia de la revolución mexicana, período 1952-1960. El afianzamiento de la estabilidad política, El Colegio de México, México, pp. 17-20.
4 Ibid., p. 91.
5 Barrera Bassols, Dalia, op. cit, p. 322.
6 Ibid., p. 324.
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