Olivia Gómez Lezama*
En octubre de 1953 se publicó el decreto presidencial que le otorgó derechos políticos a las mujeres para votar y ser votadas, esto es, a ejercer el sufragio y a postularse como candidatas para ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, todavía entonces no se creía que fueran capaces de participar en política por ellas mismas, sino que se las seguía restringiendo a su papel en la familia, como queda de manifiesto en lo señalado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en el discurso que pronunció en abril de 1952: “Consideró que tenían derecho a participar en política no por igualdad o un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral problemáticas tales como la educación y la asistencia social”.1
A pesar de esta concepción sobre las mujeres, que delata una mirada que excluía su capacidad para participar en política, el gobierno mexicano hubo de otorgar los derechos políticos a las mujeres para entrar a la comunidad de naciones modernas y legitimarse, dado que muchos países ya lo habían hecho: Noruega y Dinamarca otorgaron este derecho desde 1913 y 1915, respectivamente; posteriormente, Alemania en 1919; Estados Unidos en 1920; España en 1931; Italia en 1945, y Francia en 1946. En América Latina, Ecuador fue el primer país donde votaron las mujeres, en 1929; después, Brasil y Uruguay en 1932; El Salvador en 1946; Argentina y Venezuela en 1947, y Costa Rica y Chile en 1949, por señalar algunos ejemplos.2
Esta concepción acerca de la incapacidad de las mujeres para participar en política había sido sostenida en diversas ocasiones para justificar la negación de estos derechos al género femenino. El Congreso Constituyente que elaboró la Constitución de 1917 votó en contra de otorgarles a las mujeres los derechos políticos por su falta de preparación y experiencia en la participación política.3 Evidentemente no era así. Las mujeres habían participado en política en distintos momentos importantes para el país, tales como las revoluciones de Independencia y la de 1910, a pesar de no tener de manera legal el derecho a votar y ser votadas. En ese sentido, es posible afirmar que el ámbito público va más allá de lo institucional, aunque, ciertamente, faltaba el reconocimiento jurídico para participar e incidir en él, a través de la ocupación de cargos de elección popular y del sistema electoral.
Cabe resaltar la participación que tuvieron las mujeres en política en ámbitos distintos. En el tradicional, como una actividad adicional en el contexto de guerra: cocinar, lavar, cuidado de los hijos; pero también como enfermeras y en acciones militares como soldaderas, generalas y coronelas. Además, se encargaron de difundir las ideas políticas y participar en la elaboración de programas políticos, como el Plan de Ayala, que resumía las demandas de lucha del zapatismo y en cuya redacción colaboró Dolores Jiménez y Muro.4
Algunas de ellas han sido reconocidas, como Josefa Ortiz y Leona Vicario en el movimiento de Independencia; en cambio, otras no han sido reivindicadas, como Mariana Rodríguez del Toro, principal instigadora para liberar a Hidalgo y Allende; las que participaron en la toma de la Alhóndiga de Granaditas: Juana Bautista Márquez, Brígida Álvarez y María Refugio Martínez,5 o Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza y activa defensora y promotora de los derechos políticos de las mujeres a principios del siglo xx.
Es nuestra labor rescatar y señalar la participación política de las mujeres más allá de la historia oficial, la cual ha sido elaborada desde lo masculino y de ahí la exclusión de la mitad de la población: las mujeres.
1 Enriqueta Tuñón Pablos, “El derecho de las mujeres al sufragio”, en Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Jaiven (coords.), Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010, México, UAM-Xochimilco / El Colegio de la Frontera Sur / Itaca, 2011, p. 141.
2 Enriqueta Tuñón, ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México, 1935-1953, México, Conaculta, INAH / Plaza y Valdés, 2002, p. 23.
3 Martha Eva Rocha Islas, “Feminismo y revolución”, en Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Jaiven (coords.), op. cit., 2011, p. 52.
4 Enriqueta Tuñón, ¡Por fin… ya podemos elegir…, op. cit., p. 33.
5 Rosío Córdova Plaza, “Las mujeres en la Guerra Civil de 1810”, en Juan Ortiz Escamilla y María Eugenia Terrones López (coords.), Derechos del hombre en México durante la Guerra Civil de 1810, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Mora, 2009, p. 195.
* Doctorante en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas de investigación en Historia política y de las izquierdas.
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